El Salvador.- Margarita Ramírez vive angustiada. Su hijo de 16 años, recluido en un reformatorio juvenil, será transferido a una cárcel de adultos tras una reforma legal en El Salvador, que los organismos de derechos humanos critican.

En la comunidad de La Nueva Cruzadilla, a 100 km al sureste de la capital, familiares de menores detenidos están atemorizados desde que el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobó en febrero una reforma impulsada por el presidente Nayib Bukele.

“¿Cómo van a estar los menores con los mayores?”, dice Margarita Ramírez, de 39 años, cuyo hijo Dustin está en un reformatorio en Ahuachapán.

Preocupaciones de los familiares


“Todos son unos niños y no pueden estar con adultos, con criminales”, afirma Moisés Campos, de 44 años, cuyo hijo Brandon, de 15 años, fue detenido junto a Dustin y otros nueve muchachos de esta comunidad del distrito de Jiquilisco.

Los once menores fueron condenados a cinco años de encierro y cinco años de libertad vigilada por pertenecer a “agrupaciones ilícitas”, es decir, formar parte de una pandilla.

Las autoridades aseguran que los menores tendrán pabellones separados, pero los padres desconfían. También temen que en las prisiones para adultos no haya programas de reinserción para los jóvenes.

“No creemos en la rehabilitación de terroristas [pandilleros], independientemente de la edad”, dice el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

En los reformatorios juveniles, los internos pueden seguir sus estudios y son custodiados por personal especializado, no por guardias penitenciarios.

Vista aérea de la comunidad de La Nueva Cruzadilla, Jiquilisco, El Salvador, el 10 de marzo de 2025. En la comunidad las familias de once menores viven con temor desde que el Congreso, controlado por el partido gobernante con una amplia mayoría, aprobó en febrero una reforma impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele que permite el traslado de menores recluidos en reformatorios juveniles a una prisión para adultos.

Una condena que destroza sueños


Desde que los once menores fueron detenidos el 11 de abril de 2024, sus padres no han podido verlos, ya que las visitas en las cárceles y reformatorios están suspendidas desde 2022 bajo el régimen de excepción que respalda la “guerra” de Bukele contra las pandillas.

La fiscalía imputó a los menores por haber pintado grafitis alusivos a pandillas en una escuela de la comunidad. Un tribunal los condenó a 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad de la pena.

Los familiares recurrieron la condena, pues aseguran que “la Fiscalía no pudo presentar pruebas contundentes”, según Óscar García, un sargento retirado del ejército de 52 años, cuyo hijo Kelvin cumplió 18 años en prisión.

“Siento que a mi hijo le están quitando sus sueños”, dice Margarita Ramírez con una foto de Dustin en sus manos. “Lo sucedido ha sido una pesadilla”, agrega la mujer, que recientemente quedó viuda.

El impacto de la “guerra” contra las pandillas


La “guerra” contra las pandillas redujo drásticamente los homicidios en El Salvador, pasando de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024, según cifras oficiales.

Sin embargo, los métodos de Bukele son criticados por grupos de derechos humanos, que aseguran que hay muchos presos inocentes sin derecho a defensa.

Más de 86.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en el régimen de excepción, aunque al menos 8.000 fueron liberados tras ser declarados inocentes.

Human Rights Watch afirmó a mediados de 2024 que más de 3.000 menores estaban presos bajo el régimen de excepción en El Salvador. No obstante, el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, asegura que son menos de 600 y que las autoridades analizan los detalles para trasladarlos a prisiones de adultos.

Recientemente, El Salvador recibió a 261 migrantes salvadoreños y venezolanos deportados de Estados Unidos, acusados de pertenecer a pandillas. Fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad mediante un acuerdo entre Bukele y el presidente Donald Trump.

Críticas de la comunidad internacional


La ONU considera que la reforma a la ley penal juvenil es un “retroceso importante”, pues “contraviene” la Convención sobre los Derechos del Niño. Grupos de derechos humanos también la critican.

“Lo que están haciendo es condenar a los menores a adquirir conductas violentas, porque en una cárcel sin programas de rehabilitación, lo que van a aprender son conductas violentas”, advierte la abogada Zaira Navas, de la ONG Cristosal.

Los padres de los once jóvenes insisten en su inocencia y aseguran que no fueron detenidos pintando grafitis, sino sacados de sus casas por la policía y soldados.

“Espero que las autoridades liberen a mi hijo, porque él es inocente“, afirma Elizabeth Torres, de 32 años, madre de Luis Adolfo, de 16 años.