Un viaje de regreso lleno de obstáculos

En el pequeño pueblo caribeño de Miramar, Panamá, el venezolano Luis Montilla espera reunir dinero para pagar una lancha y continuar su retorno tras fracasar en su intento de entrar a Estados Unidos.

Prefiere dormir en la playa en lugar de alojarse en albergues de migrantes. “No somos animales”, declara a la AFP.

Migración inversa: un retorno forzado

Montilla, de 28 años, junto con otros 50 venezolanos, espera en Colón mientras familiares les envían los 260 dólares que cuesta el viaje en lancha hasta la frontera con Colombia.

Han recorrido México y Centroamérica a pie y en autobús, pero la política migratoria endurecida del presidente Donald Trump eliminó la aplicación CBP One, usada para pedir citas de asilo.

“No es un retorno voluntario, sino un reflejo de una crisis mayor”, explica Diego Chaves, analista del Instituto de Política Migratoria en Washington.

Condiciones difíciles en los albergues

Muchos migrantes evitan el plan de retorno de Costa Rica y Panamá, que los envía a refugios en zonas remotas.

Víctor Díaz, de 19 años, afirma que en los albergues “te tienen como un delincuente” y prefiere el riesgo del mar a la selva del Darién.

Jinnelis Navas, de 50 años, viaja con 10 familiares y asegura que en México la trataron “como perro”, por lo que rechaza entregarse a las autoridades.

“Centros de detención”, denuncian expertos

Los migrantes en Costa Rica y Panamá son enviados en autobús a centros como “Catem”, Lajas Blancas y San Vicente, donde esperan vuelos humanitarios que aún no han llegado.

Bajo presión de Trump, estos países funcionan como “puentes de deportación”. También hay 200 asiáticos en estos refugios, incluidos afganos e iraníes, que rechazan ser repatriados.

“Los albergues son centros de detención”, denuncia Gabriela Oviedo, abogada del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los migrantes están custodiados por policías, sometidos a controles biométricos y sin acceso a defensa legal, lo que genera preocupación en organismos de derechos humanos.

Un ciclo de precariedad y deuda

Más de 2.200 migrantes regresaron a Panamá en febrero, según cifras oficiales.

Deben pagar hasta 120 dólares en autobuses desde Nicaragua, además de las lanchas y otros gastos.

“La migración inversa no es el final, sino un nuevo ciclo de precariedad y movilidad forzada”, advierte Chaves, quien insta a una estrategia regional.

Mientras espera el momento de zarpar, Montilla resume su situación con un deseo claro: “Solo quiero ayuda para avanzar”, esta vez, de vuelta al sur.