Sin licitación, sin fiscalización y con más flexibilidad presupuestaria: así funcionarán las nuevas contrataciones del Estado en Nicaragua tras la aprobación de la Ley de Contrataciones Administrativas.

La norma, respaldada por unanimidad en la Asamblea Nacional, permite al Ejército y la Policía Nacional adquirir bienes y equipos sin pasar por procesos de licitación pública.

La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Ortega, excluye del proceso de licitación la compra de bienes destinados a la seguridad, defensa nacional y orden interno.

También permite adquisiciones directas para el abastecimiento del Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior.

Opositores han denunciado que la ley elimina la obligación de rendir cuentas sobre compras y contrataciones, dejando a estas instituciones al margen del control y fiscalización del uso de fondos públicos.

Además, la normativa amplía los montos mínimos requeridos para licitaciones y contrataciones, elevando el umbral de tres a diez millones de córdobas (81.000 a 270.000 dólares), mientras que la contratación menor se aplicará a compras por debajo de dos millones de córdobas (54.000 dólares).

Compras con caja chica 

Otra modificación clave es la exclusión de licitación para la compra de boletos aéreos internacionales a través de plataformas digitales autorizadas por la Presidencia.

También se permite que instituciones realicen compras con fondos de caja chica mediante contratación simplificada y con autorización de su máxima autoridad.

Para el oficialismo, la ley “moderniza” el marco normativo de las contrataciones estatales, promueve la competencia y refuerza la transparencia.

Sin embargo, críticos advierten que el mayor beneficiado es el círculo de poder de Ortega, con menos controles sobre el gasto público y mayor discrecionalidad en el uso de los recursos del Estado.