
EEUU sanciona a 250 funcionarios de Nicaragua en el séptimo aniversario de masivas protestas
Washington, Estados Unidos. Estados Unidos impuso este viernes nuevas restricciones de visa a más de 250 funcionarios vinculados al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, al cumplirse siete años del estallido de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
Las sanciones forman parte de una serie de medidas punitivas adoptadas por Washington contra lo que denomina “la dictadura de Ortega y Murillo”, en referencia también a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Según el Departamento de Estado, ya son más de 2.000 los funcionarios sancionados en los últimos años por violaciones a los derechos humanos y ataques a la democracia.
“Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. “Reflexionamos sobre el coraje de los manifestantes de 2018 y su deseo de una Nicaragua libre de tiranía”.

Sanciones “quirúrgicas” y presión internacional
Las nuevas sanciones se suman al creciente aislamiento internacional del régimen nicaragüense. A inicios de abril, expertos de Naciones Unidas identificaron a 54 altos cargos —entre ellos Ortega, Murillo, el jefe del Ejército Julio César Avilés y el director de la Policía Francisco Díaz— como responsables de una represión sistemática con crímenes de lesa humanidad.
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, actualmente exiliado en Estados Unidos, calificó las medidas como “un fuerte espaldarazo a la Nicaragua sufrida y perseguida”. En declaraciones a la AFP, afirmó que se trata de sanciones “precisas, directas y quirúrgicas a los principales protagonistas de la represión del régimen”.
Además del castigo a personas, empresas como COMINTSA y Capital Mining, vinculadas al sector del oro y afiliadas al gobierno, también están bajo sanción.

Migración y seguridad en la agenda de Washington
Estados Unidos también acusa al régimen de Ortega de facilitar rutas migratorias irregulares a través de Nicaragua. “La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma”, advirtió Rubio en X, donde calificó al gobierno nicaragüense como “enemigo de la humanidad”.
La acusación se produce en un contexto en que Managua se ha convertido en un punto de tránsito clave para migrantes que intentan llegar a Estados Unidos por tierra desde Sudamérica.
Durante el actual mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió alertas dirigidas a aerolíneas y operadores turísticos, advirtiendo sobre cómo las redes de tráfico humano explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular hacia el norte.