Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes la imputación de 27 personas por su presunta vinculación con la banda criminal venezolana Tren de Aragua, en el marco de una investigación por delitos graves como narcotráfico, trata de personas, extorsión y asesinato.

Según el fiscal federal en funciones del distrito sur de Nueva York, Matthew Podolsky, entre los acusados hay presuntos miembros, exmiembros y colaboradores de la organización. De los 27 imputados, 21 ya están bajo custodia federal y otros cinco fueron detenidos recientemente en Nueva York y otras jurisdicciones.

La banda Tren de Aragua ha sido señalada por el gobierno del presidente Donald Trump como una amenaza para la seguridad nacional. El Ejecutivo la catalogó como organización “terrorista” e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar arrestos y deportaciones de migrantes presuntamente vinculados a ella y a la Mara Salvatrucha, sin presentar pruebas concluyentes.

Tensiones judiciales y deportaciones controvertidas

El 15 de marzo, el gobierno de Trump fletó dos vuelos con supuestos miembros del Tren de Aragua rumbo a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La medida provocó un choque entre poderes, luego de que defensores legales argumentaran que varios de los deportados no tenían antecedentes penales y fueron identificados únicamente por sus tatuajes.

El 7 de abril, la Corte Suprema autorizó al Ejecutivo a utilizar la ley de 1798, históricamente reservada para tiempos de guerra, para expulsar a extranjeros considerados una amenaza. No obstante, días después, el tribunal suspendió temporalmente la deportación de varios venezolanos detenidos en Texas, a la espera de una revisión judicial.

Uno de los casos más graves es el de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error pese a contar con una orden judicial que prohibía su salida. Fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Aunque el gobierno estadounidense reconoció la equivocación, se niega a gestionar su regreso, alegando que ya no está bajo su jurisdicción.

“No podemos juzgar a todo el mundo, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años”, dijo el presidente Trump en una publicación en redes sociales, defendiendo la política de deportaciones masivas.