Santa Tecla, El Salvador.- Un grupo de abogados y organizaciones humanitarias lucha por obtener información y justicia para 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados sin juicio en El Salvador, en una prisión de máxima seguridad reservada para pandilleros.

Desde marzo, los defensores han denunciado que los detenidos están incomunicados, sin acceso a abogados ni visitas familiares, y sin cargos formales. Las autoridades salvadoreñas y estadounidenses los vinculan al grupo criminal Tren de Aragua, pero no han presentado pruebas ni una lista oficial de nombres.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde están recluidos, fue construido por el presidente Nayib Bukele, quien mantiene el control del sistema judicial bajo un régimen de excepción desde 2022. Según organizaciones como Cristosal, estas condiciones representan una violación sistemática de derechos humanos.

Los abogados afirman que ya presentaron más de 70 recursos legales sin respuesta. La abogada Ruth López, una de las que lideraba la defensa, fue detenida en mayo acusada de enriquecimiento ilícito, lo que generó preocupación por represalias políticas. A la vez, familiares de los presos que viajaron desde Venezuela no lograron verlos ni obtener “pruebas de vida”.

Cristosal asegura haber identificado a 152 de los detenidos, la mayoría sin antecedentes penales. La ONG busca agotar las vías legales nacionales antes de recurrir a instancias internacionales. Por su parte, el gobierno salvadoreño no ha respondido a solicitudes de entrevista, mientras el vicepresidente Félix Ulloa confirmó que Washington paga a El Salvador 6 millones de dólares anuales por el “alojamiento carcelario”.

Los activistas advierten que la situación de los venezolanos podría constituir desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que podría ser llevado ante la Corte Penal Internacional.