
Presidente de Panamá busca reabrir mina pese a moratoria y críticas ambientalistas
Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente José Raúl Mulino anunció que inició gestiones para reabrir la mina Cobre Panamá, cerrada desde 2023 por un fallo judicial, pese a que sigue vigente una moratoria minera y al rechazo de organizaciones ambientalistas que advierten posibles violaciones legales.
La mina Cobre Panamá, propiedad de la filial local de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), fue clausurada en noviembre de 2023 cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión. La decisión se produjo tras semanas de masivas protestas ciudadanas que paralizaron parte del país.

Durante su conferencia semanal, el presidente Mulino señaló que ya se han iniciado contactos para reactivar la operación. “Esa mina es de Panamá (…) y Panamá la explotará”, dijo, planteando un esquema con “un operador que se encargue de lo técnico”, sin mayores detalles sobre cómo sorteará los obstáculos legales actuales.
“Va a ser una operación de Panamá, no un contrato con más nadie”, afirmó. Mulino subrayó que el proceso será “con prudencia”, “dentro de la ley” y con un enfoque hacia el beneficio económico.
Sin embargo, la moratoria aprobada por el Congreso en 2023 prohíbe nuevas concesiones para minería metálica en el país, y la reapertura ya ha generado reacciones negativas entre líderes ambientalistas.

“Mediante un esquema de asociación pública-privada o de empresa mixta, Mulino pretende una concesión minera disfrazada, una acción prohibida por la ley”, denunció Lilian González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en declaraciones a AFP.
Raisa Banfield, activista y fundadora de Panamá Sostenible, fue más contundente: “No hay manera de que Mulino reabra la mina sin violar de alguna forma la Constitución, el fallo de la Corte Suprema, el marco legal existente y la voluntad popular”.
La polémica se reactivó luego de que First Quantum anunciara la suspensión de los arbitrajes internacionales en los que reclamaba hasta 20.000 millones de dólares en compensación por el cierre del yacimiento.
La mina, situada cerca de la costa caribeña, comenzó operaciones en 2019 y llegó a representar el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB, además de generar unos 37.000 empleos directos e indirectos.